DESCRIPTIVAS DE NARRATIVAS URBANAS:

Análisis del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (4)
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- Conclusiones:
- Cuestiones pendientes:
- Críticas:
        Proceso de participación
        Flexibilidad de ordenación y planificación débil
        Acerca de los Indicadores
        Introducir criterios de diversidad urbana
        Densidad futura de la ciudad
        Propuestas medioambientales
        Dotaciones y equipamientos sociales
        Redes de movilidad
        Propuesta de bulevares

Conclusiones:

Todo Plan General de Ordenación Urbana recoge, al menos a nivel declarativo, las inquietudes culturales de su momento y su equipo redactor.

Así, en esta Revisión llegan a aparecer conceptos como capital humano, sociedad del conocimiento, etc -al igual que en el anterior PG-97 se hablaba de medio ambiente-. Lo cierto es que el Documento de un PG bien puede ser una buena muestra del zeitgeist e, igualmente, ser sólo papel mojado.

Las buenas intenciones se quedan, de este modo en un ejercicio de "corta y pega" de frases y eslóganes de pensadores bienintencionados:

"Las ciudades, pese a ser los espacios que generan los mayores problemas ambientales del planeta, también son los espacios dotados de una mayor capacidad para afrontar la crisis generalizada."

No podemos decir aún que este sea el caso que nos ocupa, en el que, después de toda la parrafada declarativa inicial, es al comienzo del cuerpo técnico del Documento donde aclara cuál es su modelo estratégico final: ciudad de oportunidades económicas y ciudad cohesionada social y territorialmente (aunque el Documento asume sus limitaciones no tanto para modificar la realidad física sino social de la ciudad, con lo cual la segunda proposición puede estar vacía de valor).

A nivel más pragmático, básicamente, se trata de una puesta al día del Plan General vigente a nivel legislativo, toda vez que la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (que regula la elaboración de los Planes Generales de los municipios dentro de su comunidad) ha sido modificada –en algunos términos como el tratamiento a las dotaciones- fuertemente.

Así, a priori, la desaparición de la clasificación de Suelo No Urbanizable Común (heredada de dicha Ley del Suelo) deja una comprensión del territorio basada en la idea de que todo es susceptible de ser transformado en suelo urbano, salvo las reservas de suelo específicamente protegidas, a modo de parques. Sin embargo, a pesar del carácter intrínsecamente expansivo que asume el Documento de la Revisión, a nivel de actuaciones concretas no se trata de un Plan que contemple la continuación del crecimiento territorial, sino que habla mayormente de una acción sobre su estructura (rehabilitando el núcleo urbano ya consolidado o introduciendo modificaciones basadas en el mayor aprovechamiento edificatorio).
Se denota, por tanto un intento de poner en valor la ciudad, el patrimonio urbano existente. Con ello, su objetivo primordial será pues conseguir activar ese potencial del Patrimonio Histórico, Urbano y Natural, como Patrimonio Cultural, haciendo compatible la preservación de sus valores con las intervenciones tendentes a su revitalización y modernización; es decir, compatibilizar la catalogación con la recuperación y rehabilitación del patrimonio con criterios de calidad y sostenibilidad, estudiando las posibilidades de adaptación del patrimonio a nuevos usos.
Por ejemplo, uno de los ámbitos concretos que verá la aplicación directa del nuevo Plan General será el Ensanche de Madrid que, aunque históricamente incluye también a barrios de Argüelles y Delicias, se verá reflejado mayormente, por cuestiones de inversión, en el distrito de Salamanca. Para la mayoría del resto de distritos, sin embargo, una faceta que parece extraerse de la Revisión (aunque en ningún momento se explicita como tal) es su objetivo de aumentar la densidad urbana.

Otra de las grandes novedades que aporta la parte propositiva del Documento, es la referente a la asignación de usos, en la que se introducen algunos nuevos con el fin de flexibilizar la implantación de -en principio- actividades económicas. En este apartado resulta interesante que las nuevas actuaciones de desarrollo previstas en el sureste sean calificadas como de uso mixto y no residencial como hasta ahora, así como el ámbito de la Ampliación de la Castellana y los desarrollos de Campamento y Valdebebas. Esto muestra un reconocimiento casi fehaciente de los errores cometidos en los PAUs y un intento serio de enmendarlos.

Y, al respecto de la flexibilización, ésta se trata de otra de las grandes modificaciones que se introducen en el carácter del futuro Plan General. Esto se concreta en una reducción del cuerpo normativo del mismo, eliminando de su competencia cualquier concreción de carácter pormenorizado. Si bien, el Documento explicita que la posterior pormenorización se realizará desde la racionalidad e interdicción de la arbitrariedad. Como consecuencia, el PG se queda meramente en la definición de un marco reglamental abierto para las actuaciones de urbanización, con el trabajo añadido de definición de elementos estructurantes básicos del territorio.

De esta forma, parece que desregula toda planificación centralizada, delegando esta labor planificadora en -posiblemente- inconexos Planes Especiales auspiciados al calor de las necesidades puntuales que, sin embargo no dejan de ser proyectos de construcción. Parece eliminarse, por tanto, el aspecto de planeamiento del PG, quedando sólo el de ordenación urbana, ya que no se le otorga al instrumento poder real alguno. Más bien parece un plan estratégico que una planificación urbanística, ya que se reitera constantemente el deseo de aliviarlo de normativa, de tal forma que sea flexible y pueda acogerse a cualquier -futura o no- decisión como, por ejemplo, supramunicipal o de diseño y detalle. Reduce así su función técnica a la de mera anotación y regulación de la distribución de usos (económicos, residencial y de patrimonio histórico).

Pero el Plan General de Ordenación Urbana es el elemento fundamental del ordenamiento urbanístico en nuestro estado, en tanto en cuanto dibuja el modelo territorial que se entiende como el más adecuado para el desarrollo de la personalidad y la convivencia, constituyendo por tanto una decisión capital que condiciona el futuro desenvolvimiento de una comunidad, afectando, de forma trascendental a la calidad de vida de sus ciudadanos. Sin embargo, aunque la dirección de la ejecución de planeamiento sea siempre una competencia pública, el Documento subraya que la materialización de esa función de ejecución puede producirse -siempre con base en el esquema legal vigente- también de forma conjunta por la Administración y los particulares (fórmulas mixtas de gestión) o de forma indirecta, por los particulares. Se deja a la Administración un margen propio de decisión para que en cada caso pueda valorar, entre las distintas opciones posibles, cuál es más conveniente para una mejor satisfacción del interés público. Y se atribuye al órgano administrativo la facultad de apreciar en cada supuesto lo mejor para el interés público con libertad de elección entre alternativas justas, decidiendo por criterios de oportunidad, económicos o sociales, y que no parece que sea susceptible de control jurisdiccional por parte del ciudadano o la opinión pública, ni siquiera por expertos técnicos. Serán los Indicadores, junto con los ciudadanos, los testigos mudos del resultado.

Podemos recordar las acciones emprendidas sobre la Cañada Real, con el fin de eliminar un foco de miseria que, sin embargo, se puede trasladar a la zona del vecino vertedero de Valdemingómez si desde la planificación no se actúa pronto y con el objetivo de asimilar esa población.

Otra propuesta arriesgada de la Revisión, y que será importante seguir su desarrollo, es el tratamiento de los Espacios Libres de acceso restringido, en el sentido de que estos pueden contribuir a la mejora ambiental del entorno urbano, pero no aclara la gestión de los mismos.
También, en cuanto a la red ambiental de la ciudad, un avance interesante que presenta es su consideración como un sistema de dotaciones, es decir, como una infraestructura interconectada más (formada por parques, jardines, etc.), con la particularidad de tener un carácter marcadamente espacial. Esto probablemente conlleve una desregulación de su diseño, uso, gestión y mantenimiento.

Aún así, podemos decir que la propuesta de esta Revisión trabaja con el fin de lograr un Madrid "verde", aunque lo hace con criterios erráticos. Más parece dirigirse a mostrar una imagen exterior, sin importar la imagen que tengan los que vivan, o tengan la posibilidad de vivir, aquí.

En definitiva, tal vez el mayor defecto que lastra el Plan General es que es poco ambicioso.

Su propuesta pierde credibilidad en el momento en que no resulta ser realista, con el análisis de la situación inicial y los límites, ni generoso con las dimensiones que han de alcanzar las siguientes generaciones, incluyendo la protección de zonas verdes.

Sin perjuicio de lo anterior, hay que destacar que el texto en sí (como documento director de estrategias) es un excelente trabajo que introduce, por fin algunas de las ideas de Jacobs en el urbanismo madrileño, añadiendo además la gran propuesta (si se gestiona correctamente) de la evaluación continua de su desarrollo mediante el Sistema de Indicadores. Resulta encomiable, igualmente, la política de datos abiertos sobre la que está trabajando el grupo encargado de la redacción de la Revisión del PG.

Con todo, de las propuestas que se han descrito en los artículos anteriores, cada uno podrá extraer su propia valoración acerca de los rasgos genéticos del nuevo Plan que se propone a la ciudad. Por ello, intentando no dar demasiadas licencias a la opinología, aportamos los siguientes apuntes con la esperanza de ayudar a mejorar, en lo posible, el Plan General que resulte de esta Revisión.

Recordar que el proceso de Participación Ciudadana se encuentra abierto y se puede tomar parte realizando sugerencias o alegaciones hasta el 31/10/2012 (bien en línea o bien presencialmente) y que se puede acceder a toda la documentación original en la página web de la Revisión del Plan General del Ayuntamiento.
Como siempre, por supuesto, en los comentarios al final de la página se puede seguir discutiendo.

Cuestiones pendientes:

Indudablemente, el Documento de la Revisión del PG presenta sin definir bastantes propuestas que, a la postre resultarán importantes, debido probablemente a la fase de Preavance en la que se encuentra su redacción. Así, por ejemplo, no se define mucho más que lo comentado en el anexo del segundo artículo de esta serie, en cuanto a los criterios técnicos de Asignación de usos y sus Compatibilidades, del Uso Global Mixto en concreto o de las Redes de Infraestructuras; por lo que estos apartados serán algunos de los que haya que revisar detenidamente una vez se consolide el Documento de Avance.

Uno de los retos que se plantean, pues, para las fases posteriores será conseguir una adecuada relación entre los usos globales y los usos cualificados pormenorizados, toda vez que se encargarán principalmente de realizar esta pormenorización.

Igualmente, esta indeterminación en los condicionantes técnicos concretos debida a la temprana etapa de la Revisión, se plasma también en el reparto de las unidades básicas de la ordenación, puesto que en esta fase únicamente se establecen unos usos globales en áreas genéricas, para definir en las fases posteriores (Avance y Aprobación Inicial) la efectiva división del término municipal en sectores, áreas o ámbitos funcionales diferenciados, atendiendo a los diferentes objetivos urbanísticos y estrategias de intervención que se implementen en las distintas partes de la ciudad. A modo orientativo, se comenta que podrían ser como algunos de los barrios actuales, es decir en torno a los 25.000 habitantes y entre 120 y 200 ha (algo más de 1 km de diámetro).

Dejando de lado estas inconcreciones inherentes a una etapa de planteamiento, como es en la que se encuentra la Revisión, sin embargo, el Documento no aborda en ningún sentido el asunto de la movilidad general en la ciudad. A este nivel de Preavance, por poner un ejemplo, no se estudia la situación de Madrid como una ciudad metropolitana, siendo como es un elemento crucial dado que, con el planteamiento del anterior PG-97, se pensó que la ciudad crecería a costa de los municipios vecinos, y ha sido al revés; lo que ha incrementado los desplazamientos entre el centro y la periferia urbana y regional, con una mayor peso además del vehículo privado. No existe, por tanto, un diagnóstico crítico ni una planificación previa de este aspecto del tejido urbano.

Si bien, la Instrucción para el Diseño de la Vía Pública se encuentra actualmente también en estado de revisión, el propio Documento es consciente de que la gestión de la movilidad y de la vía pública como aspectos urbanísticos de regulación y ordenación de la circulación se produce al margen de la planificación general.
Destacando la decisiva repercusión que tienen sobre las oportunidades económicas de la propia ciudad y sobre sus condiciones de sostenibilidad, cohesión y calidad de vida, las ampliaciones de las redes de movilidad contempladas por la Revisión del PG, por ejemplo, no quedan ya establecidas a este nivel, ni aun su trazado o tipología, no tratándose de una cuestión trivial dentro del Planeamiento Urbano.
Y, en cuanto a la propuesta de disuadir del uso del automóvil privado en el centro de la ciudad, tal vez se debería tener en cuenta las medidas económicas actuales, con las que incluso puede resultar más económico para el ciudadano ir al casco histórico en su coche (aun pagando por aparcarlo) que empleando múltiples y costosos transportes públicos.
De hecho, ahora que la Administración Pública vive momentos de austeridad, ¿por qué no fomentar el uso de vehículos privados pero no contaminantes, como la bicicleta? ¿Por qué no incluir su consideración, en la medida de lo posible, en todas y cada una de las actuaciones que provengan del Consistorio?

Del mismo modo, la Revisión no asume que Madrid pueda tener un problema medioambiental o climático, que pensamos, como ciudadanos, usuarios y consumidores de Madrid, que lo tiene. No actúa, por tanto, en mejorar clara y decididamente la situación (aumentando las reservas verdes, por simplificar) sino que emplea recursos secundarios.

El Documento deja asimismo sin tratar múltiples acciones -estrictamente urbanísticas- que se encuentran detenidas en la ciudad, siendo básicas para su funcionamiento, como son los planes especiales para rehabilitar ciertos Mercados Municipales (el caso del Mercado de Prosperidad parece un caso flagrante de pasotismo por parte de la Administración Pública) o actuaciones sobre las periferias residenciales deprimidas, construidas hace más de 30 años para dar acogida a la ingente emigración campo-ciudad, y por tanto provisionales, con lo que su situación para la fecha horizonte de entrada en vigor del Plan (año 2020) puede ser poco menos que catastrófica.

Y en definitiva, un aspecto sobre el que habrá mucho que discutir en las siguientes etapas de la Revisión será el de las infraestructuras de servicios, en absoluto definido en esta fase de Preavance, en la que el Documento se manifiesta con escasez de datos.

Sobre todo, es importante la definición que se hará de las redes dotacionales de servicios públicos. Por ejemplo, podríamos hablar acerca de las fuentes de agua potable públicas; no aparece un tratamiento personalizado de esta red ni en el apartado de patrimonio histórico ni en el de infraestructuras, tampoco en el de condicionantes. Parece ser que, en las Mesas de Participación, no se ha tenido demasiado en cuenta a la asociación APie y su proyecto de denuncia del proceso de degradación de este patrimonio de la ciudad (histórico o actual). Aquí, el inventario colaborativo de las fuentes para beber agua potable en las calles y parques de Madrid.

Críticas:

Realmente surgen dudas a la hora de tomarse en serio los objetivos que declara la Revisión, sobre todo en materia de sostenibilidad económica y ambiental de los desarrollos urbanísticos; podemos esgrimir como razones de esta falta de credibilidad el hecho de que, desde la aprobación de la actual Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (de 17 de julio de 2001), ya era requisito consustancial de los instrumentos de planeamiento garantizar dicha sostenibilidad y, sin embargo, desde entonces hemos visto surgir en la ciudad unos desarrollos urbanísticos a todas luces insostenibles, que ahora deben ser "recuperados" desde el punto de vista urbanístico.

Tanto más cuando, a esta fase, no se hace referencia ninguna a los evidentes problemas económicos de la administración municipal (que, lógicamente afectan a su propia gestión de la ciudad) ni se define la viabilidad económica de ningún apartado; por lo que es posible que todo se quede en nada (al menos en cuanto a actuaciones reales) con la justificación de la imposibilidad económica en el escenario actual.

Es por ello que, aunque se trabaja por evitarlo, el Documento ofrece, reiteramos que a esta fase, una importante inseguridad jurídica en el momento en que parece que todo estará supeditado a una decisión poco menos que personal, en ningún caso a una directriz directa y univoca del Plan General, fruto de una planificación previa.

Si bien, se reconoce que la mayor parte de las actuaciones y modificaciones propuestas por la Revisión tienen como objetivo aumentar el aprovechamiento de la ciudad, con el fin de solventar dichos problemas económicos.

Así, en el diagnóstico que se hace del municipio, el Documento destaca su vocación e importancia a nivel servicios, no tanto a nivel financiero o económico. Con todo, su propuesta es atraer actividades económicas tecnológicamente avanzadas, "al abrigo de la potente base económica e infraestructural que ofrece el núcleo central de la metrópoli madrileña"; pero se refiere aquí a la atracción infraestructural y económica de la ciudad en el contexto del resto de España, posición que tiene como consecuencia de su carácter de capital fuertemente centralista. Es decir, cuando no existe la posibilidad de elegir la propuesta se vuelve soportablemente convincente, pero ese no es el caso de las nuevas tecnologías o las inversiones. Quizás es la ocasión de preguntarse: ¿Qué ofrece Madrid al respecto que la sitúe en una posición dominante, o que siquiera le diferencie del resto? Como mínimo, se debería facilitar acceder a la ciudad, no tanto a nivel de infraestructuras físicas -con las que ya cuenta-; pero eso, claro, quizás sean casuísticas que escapan al ámbito del planeamiento y la ordenación para entrar en el terreno del citybranding y el trabajo de marca-ciudad o la gestión de ciudades.

Al fin y al cabo, aunque en esta fase de Preavance no se plantee, la ciudad tiene aún una marcada faceta metropolitana; y si alguien piensa que una ciudad (aun Madrid) no tiene por qué influir en una serie de territorios de su alrededor pensad en las consecuencias y necesidades que tendrá para la región metropolitana la aparición de Eurovegas.

Un ejemplo de esa faceta es el carácter expansivo que imprime el propio Documento, que se justifica con la sentencia: “La ciudad de Madrid debe tener suficiente oferta de suelo calificado donde probar nuevas políticas y formulas instrumentales que permitan implantar las nuevas actividades económicas”.

La propuesta que hace el Preavance se basa, según indica el texto, en estudios llevados a cabo donde se valoran las condiciones de los terrenos para servir al uso residencial. Esto quiere decir que sí se reserva la posibilidad de seguir ampliando la superficie de Madrid (eminentemente residencial) como se ha venido haciendo los últimos años, en particular en la corona periférica sur de la ciudad.

Con esto, el Suelo No Urbanizable Protegido previsto parece ser una reserva de suelo exigua que a duras penas puede dar cobertura a una ciudad intrínsecamente expansiva, mucho menos si consideramos las previsibles evoluciones territoriales posteriores de la ciudad y su desarrollo, no planificadas por el Plan General.

Empero lo anterior, se trata ésta de una oportunidad de generar los, probablemente, últimos espacios residenciales que se van a desarrollar dentro del término municipal de Madrid, y podrían convertirse en un paradigma de calidad ambiental y cohesión social para la ciudad del siglo XXI.

Proceso de participación

Un Plan General es, ante todo, ordenación, regulación y reglamentación, que obliga tanto a los particulares como a la Administración Pública al dictar sus actos. Pero, claro, si únicamente es uno de los colectivos quien redactase el texto, es obvio que no incluiría en él nada que le resultase perjudicial, si bien no le dolerían prendas hacerlo si a quien perjudica es al otro colectivo.

Así, las acciones y decisiones de la Administración Pública están sometidas en nuestro estado a un principio de respeto al interés general, basado en la racionalidad, coherencia, valoración adecuada y adecuación a los objetivos. Pero si, tanto estas consideraciones como las evaluaciones a las mismas son realizadas desde una misma mesa, el interés general se degenera -como hemos venido observando ocasionalmente-, mostrándose únicamente como interés particular de unos tantos individuos. Al fin y al cabo, los verdaderos interesados acuden a proyecciones y estimaciones de futuro, difícilmente demostrables o rebatibles.

Es por ello que, en particular este proceso de Revisión del PG, promociona la participación activa de los propios habitantes (ya que los considera de forma conjunta ciudadanos, consumidores y trabajadores) tanto a nivel individual como formando parte de asociaciones más amplias, en la búsqueda y desarrollo de soluciones innovadoras a los retos urbanos a los que se enfrenta Madrid.

Sin embargo, el proceso no consigue atraer la atención de la ciudadanía, o bien prefiere no atraerla, con la labor de “pensar” colectivamente el Madrid del futuro y plasmar, como resultado, el mayor consenso posible sobre el Modelo de Ciudad que resulte idóneo en la primera mitad del siglo XXI. Teniendo en cuenta el momento de cambio en el que nos encontramos, resulta crucial cualquier formulación de nuevas propuestas con el fin de generar verdaderamente otro modelo de ciudad que no sea el que han desarrollado el PG-97 y la Ley del Suelo que hereda. El problema es que no es costumbre en la administración de la ciudad prestar oídos a grupos que piensen distinto de ellos, si tenemos en cuenta las problemáticas esgrimidas durante años por las asociaciones organizadas en la ciudad y que caen en saco roto.

¿Y por qué tiene importancia esta crítica al proceso de participación? No sólo porque fomentando la discusión se facilita su comprensión y "la mujer del César, además de ser honrada, debe parecerlo"; sino, más importante, porque quizás este sea el momento de escuchar a los que, durante los años de gestión del anterior modelo, se quejaban del mismo y fueron ninguneados, de aprovechar todas las propuestas que nos puedan ayudar, vengan de donde vengan.

El Documento se encarga de explicitar que "el diseño o la opción territorial elegida por el planeamiento anterior nunca vinculan a la Administración, lo que significa que el planificador urbanístico goza de una amplísima libertad de elección para decidir entre las diversas opciones igualmente adecuadas y, por supuesto, permitidas por la ley". Pero, ¿qué credibilidad puede tener una administración si, pasados diez años, viendo las consecuencias que su propio Plan General (dirigido por el mismo grupo de personas) ha generado en la ciudad, tiene que hacer tábula rasa y cambiar de rumbo. Es una evolución natural que se innove y se añadan nuevas ideas constantemente, pero no se puede decir exactamente que el planificador tiene poco menos que libertad absoluta para actuar sobre una ciudad que ya está consolidada.

Flexibilidad de ordenación y planificación débil

El talón de Aquiles de la pretendida flexibilidad del nuevo Plan General es que termine ocasionando una mayor inseguridad jurídica, en el sentido de que, finalmente la decisión de iniciar actuaciones se base en la consideración puntual de una persona que sea la que determine la idoneidad y viabilidad de un proyecto, dado que el sistema de indicadores previsto para su evaluación continua, por sí mismo, no prevé activar acciones concretas.
Como consecuencia de esta nueva faceta de flexibilidad, la necesidad de intervención o de regeneración en áreas concretas no vendrá determinada desde el propio Plan General, sino que se delimitarán en un determinado momento, en base a la situación del ámbito respecto a la media del municipio y a la viabilidad económica de la operación, aspecto este último que es determinado de antemano en base a estimaciones y proyecciones.

Serán, por tanto posteriores instrumentos de ordenación (enmarcados en el Plan General y de carácter pormenorizado), los que valorarán las acciones a tomar en función de las necesidades coyunturales de la situación, extraídas a su vez de un conjunto de valores; se diluye así, aún más ninguna responsabilidad sobre los resultados y se deja sin capacidad de planificación real a este Documento que se está analizando.
En definitiva y como carencia fundamental de la propuesta, ¿quién hará la planificación del desarrollo urbano sino la Administración a través del Plan General? Pues, parece ser, los encargados de los Proyectos y Planes Especiales que se decidan convenientes, esto es, instrumentos de ordenación que no de planificación; tal como ha sucedido hasta ahora con la ordenación de los PAUs, no planificados en el PG-97.

Acerca de los Indicadores

El Sistema de Indicadores Urbanos presentado por el Documento (que aún no está definido) puede llegar a ser la propuesta más relevante del mismo.
Si bien, en cuanto a su composición, es difícil saber hasta qué punto es posible extraer la verdadera habitabilidad o el estado de un barrio, por ejemplo, atendiendo únicamente a valores en una tabla, por muy completa que ésta sea. Sobre todo si se comete el error de manejar valores óptimos como si fueran universales -iguales para un distrito de Shanghái que para el madrileño barrio de Salamanca-.
Las declaraciones y propuestas de la Revisión ponen una excesiva esperanza en una labor de trabajo posterior, de supervisión y vigilancia continua de las condiciones y de las actuaciones.

De momento, como se viene comentando, dicho sistema aún no se ha definido, pero se excluyen algunos indicadores importantes como el porcentaje de arbolado, de superficie pavimentada o verde -relacionados con la naturalización urbana- ni trata el consumo eficiente de recursos a nivel urbano, que es el verdadero metabolismo de la ciudad. Es posible que también sean necesarios indicadores del transporte y comunicación interna del propio ámbito, así como de conexiones con el exterior, con el resto de la ciudad consolidada.

Un gran defecto de la propuesta es que no se explica ninguna toma de medidas que aseguren el espíritu de la ordenación global asignada por encima de la proliferación de actuaciones pormenorizadas. Es decir, no se comenta qué ocurre si se observa, por ejemplo, que el número de dotaciones sanitarias accesibles públicamente de un barrio es desesperadamente inferior al valor que le correspondería deseablemente.

Introducir criterios de diversidad urbana

Como ya se ha comentado anteriormente, el Documento introduce por primera vez los conceptos asociados a la diversidad urbana entre sus criterios de ordenación urbanística. Así, propone aplicar criterios de sostenibilidad (descritos en los artículos anteriores) particularmente a los desarrollos del sureste. Lo que, sin embargo parece es que estas propuestas trabajan en función de otros razonamientos que explica el propio texto:

“Crear oportunidades de vivienda en nuevos barrios atractivos y accesibles para los nuevos hogares y para la población joven. Pero también podría suponer una ventaja para los promotores e inversores privados al poder obtener un producto inmobiliario mejor adaptado al mercado.”

Esto es, el mismo modelo (urbano y económico) sólo que de producción más barata.

Si bien es cierto también que el Documento declara constantemente que uno de sus objetivos es evitar la reproducción de tejidos monofuncionales en la ciudad, establece de facto límites a un barrio, en el momento en que los distribuye en ámbitos funcionales, como si todos tuvieran que ser económicamente independientes del resto de la ciudad o en absoluto relacionados entre sí. Y una última pregunta a este respecto, ¿se evita la monofuncionalidad urbana con la “tematización de los polígonos industriales” que propone la Revisión del PG?

Densidad futura de la ciudad

Entre las aplicaciones de esos criterios de sostenibilidad y diversidad urbana que se comentan en el punto anterior, también se incluye la alteración de la densidad urbana actual. Esto es, uno de los objetivos que parece proponerse alcanzar la Revisión del Plan General es aumentar la densidad del tejido urbano, en algunos casos densidad edificatoria, en otros poblacional y en general de aprovechamiento, con el fin de obtener más ingresos de manera directa por m².
Una muestra son las actuaciones sobre los desarrollos del sureste en las que, siempre en virtud de la Ley del Suelo vigente de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2001, de 17 de julio), lo que efectivamente se hace en este aspecto es convertir suelo reservado inicialmente a dotaciones (como infraestructuras, pero también como equipamientos sociales, zonas verdes o vivienda protegida) a otros usos, preferentemente lucrativos (como el residencial).
Por esto, es un mal chiste hablar de la ciudad mediterránea como ejemplo a seguir por Madrid, como se hace en el Documento, en términos de sostenibilidad económica, social y medioambiental, tanto más cuando de ella destaca su baja densidad media.

Propuestas medioambientales

Relacionado con lo anterior, a nivel de medio ambiente, equipamiento social y zonas verdes y espacio público, el Documento es una nada enorme. No propone ni define nada, más que repetir los objetivos del fallido Plan Madrid Centro; y en lo que sí actúa, lo hace para esquilmar aún más lo que ahora existe.

Desconocemos si el proceso de redacción ha contado con expertos en biodiversidad y/o medioambiente a nivel urbano, pero ni siquiera el trabajo de definición de la situación inicial es mínimamente aceptable para alguien que disfrute Madrid a nivel de calle. En este aspecto es, tal vez un tríptico de propaganda engañosa dirigida a mayoristas de turismo (o agentes del COI).

No obstante, hay que decir que la Revisión aporta una evolución al considerar una red básica ambiental de forma interconectada. Sin embargo, ésta es contemplada de forma simplista como una red "verde", mero paisajismo y escenario para un uso más peatonal, con todo lo que ello conlleva.
No profundiza tampoco, por tanto, en las distinciones entre espacios verdes, espacios naturales, parques, jardines, plazas o meros espacios libres entre edificios.

Cabe destacar quizás algo más. Con la definición del Uso Global Extensivo se le da colateralmente personalidad urbanística propia a un uso muy particular, que hasta entonces no lo tenía (el campo de golf). Junto a esto, curiosamente, este nuevo uso global aparece considerado junto a los Parques Urbanos y Espacios Naturales. ¿Por qué? No son usos que estén necesariamente relacionados; un campo de golf es, de hecho la antítesis de un espacio natural.
De acuerdo con la Revisión, el uso dotacional extensivo estaría constituido por aquellos espacios de la ciudad de uso dotacional (privado o público) en los que la presencia de la vegetación y arbolado abarca gran parte de su superficie, siendo éste uno de los elementos que los caracteriza, así como un elevado índice de permeabilidad del suelo. Recordar que, en este concepto se incluyen los campos de golf, los cementerios y las universidades, y que aparece dentro de las categorías de uso dotacional de Espacios Libres y Zonas Verdes.
Cabe aquí preguntarse qué beneficio se obtiene, para una red ambiental, con la posición estratégica de una dotación extensiva en un espacio natural preservado. Más bien parece un intento de lavado de cara medioambiental a unos usos devoradores de suelo y terriblemente especuladores (en el sentido de que, de esta forma, se activarán reservas de suelo anteriormente vetadas a estos usos), además de no sostenibles y dañinos medioambientalmente, como son los controvertidos campos de golf.

Dotaciones y equipamientos sociales

En cuanto al uso dotacional extensivo en comparación con el deportivo (adscrito ahora al resto de equipamientos sociales), cabe mencionar la necesidad de que el disfrute y aprovechamiento sea no restringido.

Al respecto de las dotaciones, el Documento presenta en esta fase bastante confusión, no sabiendo aún a qué atenerse, por ejemplo, en cuanto a teatros privados o mercados municipales; sí indica que su normativa deberá facilitar la integración de varios usos dotacionales en un mismo edificio y que se ampliará su definición para incluir a la vivienda pública destinada a colectivos especialmente necesitados, así como a actividades económicas que precisen ser protegidas. Tal vez como consecuencia de la necesidad de primar el aprovechamiento económico de la ciudad, el propio Plan General (en esta fase de la Revisión) resta valor a la red de dotaciones sociales.

Algo a destacar es que, si hacemos un listado de los equipamientos sociales existentes en La Latina, Villaverde y Vicálvaro, únicamente podemos contar la Universidad Juan Carlos I y el hospital Gómez Ulla (hasta hace unos años militar), mientras que, sólo en el distrito de Retiro hay 28. Quizás habría que tener en consideración esta clase de desigualdad a la hora de tratar el objetivo de cohesión social propuesto por el Documento. Y, en último lugar una pregunta, ¿por qué no considerar las salas de conciertos como equipamientos sociales?

Por cierto que en ningún lugar del Documento tiene cabida ahora el objetivo del "Madrid de los museos" que, hasta hace poco se trabajaba por lograr en la ciudad. Ha quedado reducido, sin embargo, a la estrategia simplista de potenciar el turismo cultural, ese "culturismo" cuya vocación es reclamar cada vez más espacios dedicados.

Aprovechamos para recordar desde aquí que, mientras tanto, se acaba de cerrar definitivamente el Museo de la Ciudad que, si a alguien interesaba era a los propios madrileños. Fuentes municipales han devaluado al centro al recordar que el edificio contenía básicamente maquetas, por lo que era más bien "un centro de interpretación de la historia" de Madrid. También se ha decretado el traslado de la sección de Urbanismo del Ayuntamiento, para alquilar el inmueble que hasta ahora ocupaba. Poco parece importarle la ciudad a alguien si considera que Madrid no se merece un museo.

Redes de movilidad

En primer lugar, comentar que desde la planificación se debería trabajar más en aras de realmente unificar el transporte de servicio público en la ciudad (en todas sus formas, metro, cercanías, autobuses e incluso autocares y taxis) en lugar de duplicar servicios.
Para ello, no sólo habría que relacionar los intercambiadores con el acceso a la ciudad por carretera, como se hace en la Revisión para comentar los posibles aparcamientos disuasorios adyacentes, sino considerarlos también como puntos de articulación dentro de la propia trama urbana, nodos de intercambio de modos de transporte normalmente público.

En relación con el asunto de los aparcamientos -no sólo disuasorios-, resulta llamativo que el Documento no comente nada concreto acerca de ellos, siendo como son ahora de gestión problemática en muchas partes de la ciudad.

Asimismo, es a destacar que la Revisión del Plan General no aproveche esta oportunidad para ponerse en primera línea de la movilidad sostenible y fomentar, con su ordenación el uso de los vehículos privados no contaminantes (como las bicicletas) como medidas complementarias de corrección ambiental, introduciendo, por ejemplo los criterios de "calles completas" en el tejido urbano consolidado o las nuevas actuaciones. Se les ha relegado, de momento, a compartir plataforma con autobuses y taxis. Será la próxima revisión de la Instrucción para el Diseño de la Vía Pública, el campo de batalla técnico sobre el que habrá que centrarse.
Es en este punto, por tanto poco ambicioso, como todo el Documento en sí, no sólo en sus propuestas y estrategias sino -lo que es peor- en sus objetivos y en idear un futuro Madrid.

Propuesta de bulevares

Antes de nada, decir que copiar y pegar entornos puntuales que han tenido un éxito concreto está, en materia de urbanismo, abocado al fracaso; tanto más si se trata de unas acciones emprendidas hace más de 20 años (y sobre todo si dependen de su entorno, pues "contenido construye su contenedor y no viceversa").

Esto no significa que sea el caso de la propuesta de bulevares de la Revisión, en este caso la crítica viene por considerar este espacio peatonal como intrínsecamente beneficioso para los espacios naturales; será pues de gran importancia el proceso de definición que se concretará en fases posteriores de redacción, bien del Plan General, bien de los documentos técnicos.
Porque, en definitiva, lo que puede suponer es una propagación de esos "eriales adoquinados" que se están extendiendo por Madrid, dando como consecuencia el mismo resultado ambiental que una bandeja expuesta a la intemperie, si no se incluyen criterios como superficie filtrable, masa arbórea o zona de sombras.
A fin de cuentas, por mucho que se amplíen aceras se puede observar cómo, mayormente, la gente termina por andar próxima a la pared, que es donde están los comercios; el resto sería espacio desaprovechado, o mal aprovechado para el llamado "mobiliario urbano" (como cubos de basura, aparcamiento de motos, etc.), por lo que sería un lugar idóneo para ubicar terrazas y otros usos comerciales. La propuesta transforma, así, el espacio público en áreas estanciales dedicadas para el uso de veladores.
Frente a ese extenuante centro comercial al aire libre, que exige pero no estimula el consumo, quizás cabría sugerir la técnica de diversificación del abundante espacio y la presencia de elementos contemplativos (relacionados con el agua, como preferencia personal).

Aún así, es un poco perverso considerar los árboles de alineación de la Castellana como un Eje verde longitudinal vertebrador de la red ambiental de la ciudad, como se hace en el Documento. Será necesario un serio trabajo sobre los míseros bulevares de esta avenida si se pretende hablar de la Castellana y no sólo de Recoletos. Las aceras con bordes de setos, situadas como islas longitudinales en mitad de dos calzadas de autopistas tampoco deberían contar como bulevares; no son muy agradables de usar.